Trump prohíbe a Harvard matricular estudiantes extranjeros en una medida que sacudió los cimientos del mundo académico norteamericano.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos revocó la certificación de la Universidad de Harvard para inscribir estudiantes extranjeros, una acción sin precedentes que afecta directamente a más de 6.800 alumnos internacionales y que ha desencadenado una batalla legal y política de alto perfil.
La decisión, anunciada esta semana por la secretaria del DHS, Kristi Noem, marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre la administración Trump y las instituciones académicas de élite.
“No permitiremos que universidades que se niegan a cooperar con investigaciones federales y que albergan actividades ilegales reciban fondos ni privilegios especiales del gobierno estadounidense”, declaró Noem en conferencia de prensa.
Las razones detrás del veto
El DHS acusa a Harvard de “no proporcionar registros adecuados sobre actividades ilegales y violentas de estudiantes extranjeros”, y de fomentar un “ambiente hostil hacia los estudiantes judíos”, así como de colaborar con intereses del Partido Comunista Chino. Estas afirmaciones, sin embargo, han sido fuertemente rechazadas por la institución.
Alan Garber, presidente interino de Harvard afirmó que esas alegaciones son infundadas, motivadas políticamente y representan un ataque directo a la independencia académica y a los valores fundamentales de la universidad, al tiempo que expresa que la diversidad internacional no solo enriquecía el campus, sino que fortalece el liderazgo y la innovación global de EE.UU.
«Harvard no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales», sentenció Garber.
Esta medida afecta a más de 7.000 estudiantes extranjeros y se suma a la congelación de más de $2,2 mil millones en fondos federales destinados a la universidad.
Harvard argumenta que la revocación de su capacidad para inscribir estudiantes internacionales es una represalia inconstitucional por su negativa a cumplir con las demandas políticas de la Casa Blanca.
La universidad sostiene que esta acción viola la Primera Enmienda y representa un ataque a la autonomía académica. En su demanda, Harvard afirma que las acciones del gobierno «amenazan la independencia académica de Harvard y ponen en riesgo investigaciones críticas y salvavidas que se llevan a cabo en su campus»
Garber también destacó que las acciones del gobierno tienen «consecuencias reales y graves para pacientes, estudiantes, profesores, personal, investigadores y la posición de la educación superior estadounidense en el mundo» .
La medida generó preocupación entre los estudiantes internacionales de Harvard, quienes ahora enfrentan la posibilidad de transferirse a otras instituciones o abandonar sus estudios en EE. UU. La universidad comunicó a los estudiantes admitidos que están haciendo todo lo posible para inscribir a los estudiantes y proporcionar orientación ante las incertidumbres actuales .
Entre esos estudiantes que esperan se encuentra la princesa heredera Elisabeth de Bélgica, quien cursa un posgrado en Harvard, y también se ve afectada por esta decisión. El Palacio Real belga declaró que están evaluando el impacto de esta medida en los estudios de la princesa.
Ante la incertidumbre generada por las acciones del gobierno estadounidense, la Unión Europea ha comenzado a invitar a estudiantes internacionales afectados a continuar sus estudios en universidades europeas.
Funcionarios de Alemania y otros países han expresado su disposición a acoger a estos estudiantes, destacando el compromiso de Europa con la educación superior y la cooperación internacional .
La confrontación entre la Universidad de Harvard y la administración de Donald Trump se intensificó significativamente en abril de 2025, cuando el gobierno federal exigió a la universidad cambios en sus políticas académicas, de contratación y admisión, incluyendo la contratación de una entidad externa para auditar la «diversidad de puntos de vista».
Harvard rechazó estas demandas, calificándolas de una extralimitación ilegal de la autoridad gubernamental. En respuesta, la administración Trump congeló $2,3 mil millones en fondos federales de investigación destinados a la universidad y solicitó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que revocara su estatus de exención fiscal .
