La Universidad Central de Venezuela (UCV), casa de estudio perteneciente al sector público en el país, ha decidido mantener las pruebas de admisión para el proceso 2025, lo que representa un desafío directo a la reciente suspensión ordenada por el gobierno nacional. Esta determinación fue adoptada por mayoría en una sesión ordinaria del Consejo Universitario, que aprobó continuar con la fase 2 del Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral (Simadi 2025), el cual incluye un examen de razonamiento verbal, lógico y numérico.
Fundamentos legales de la UCV
La UCV fundamenta esta decisión en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 26 de la Ley de Universidades, que garantizan la autonomía universitaria y facultan a las instituciones para organizar sus procesos de admisión conforme a criterios académicos propios. Según la universidad, este sistema contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior, asegurando que el ingreso se base en las aptitudes, vocación y aspiraciones de los estudiantes, sin más limitaciones que las académicas. El propósito central de la prueba es realizar un diagnóstico de los conocimientos adquiridos durante la educación media, complementado con el promedio de notas obtenidas en los primeros cuatro años de bachillerato.
Esta decisión se produce en un contexto de controversia, luego de que el Ministerio de Educación Universitaria y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunciaran la eliminación de las pruebas internas en las universidades públicas. La medida oficial busca eliminar lo que el gobierno denomina “barreras excluyentes” para facilitar un acceso más inclusivo a la educación superior, centralizando las admisiones a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), administrado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu).
El rector de la UCV, Víctor Rago Albujas, expresó un rechazo enfático a esta imposición, señalando que la eliminación de las pruebas internas desatiende valiosas experiencias en favor de la equidad y la calidad académica. En respuesta, la universidad ha propuesto abrir un diálogo constructivo con las autoridades ministeriales y delegados universitarios para buscar soluciones consensuadas que respeten la autonomía universitaria y los derechos de los aspirantes.
El respaldo a la continuidad del Simadi 2025 también proviene de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), que ha asegurado que los aspirantes serán informados oportunamente sobre los detalles del proceso a través de los canales oficiales de la universidad. Por su parte, movimientos estudiantiles de diversas casas de estudio han manifestado su oposición a la centralización del ingreso, denunciando que el control estatal podría afectar la calidad y autonomía académica.
El Ministerio de Educación Universitaria sostiene que el SNI garantizará este año el acceso a la universidad de 350.000 bachilleres, asegurando que el 100% de los cupos estén disponibles para los jóvenes que culminan sus estudios secundarios. Sin embargo, la UCV y su comunidad académica defienden que un ingreso basado en méritos y diagnósticos integrales es fundamental para preservar la calidad educativa y la igualdad real de oportunidades.
La Universidad Central de Venezuela mantiene su invitación a un diálogo abierto con las autoridades del gobierno nacional para construir acuerdos que beneficien a toda la comunidad educativa y a los futuros estudiantes.
