El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, y su defensa interpusieron este viernes recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La juzgadora Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, fue quien dictó el fallo, que también incluye una multa de aproximadamente 578 000 USD (equivalente a unos 3 400 millones de pesos colombianos) y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
e trata del primer caso en la historia de Colombia que lleva a la condena penal a un expresidente. El juicio, que se prolongó durante más de 13 años y 67 audiencias, tuvo como base principales testimonios de exparamilitares y la fiscalía, mientras que Uribe ha defendido su inocencia, calificando el proceso como una persecución política.
“En mi condición como convicto, porque de esta decisión, solicito muy respetuosamente ante usted una apelación” declaró Uribe durante la audiencia. Añadió que “quieren destruir una voz de la oposición democrática”.
Asimismo, acusó un sesgo ideológico y denunció una estrategia de «lawfare», término utilizado para describir supuestos ataques judiciales con fines políticos.
Detalles del proceso de apelación de Uribe
El abogado del expresidente, Jaime Granados, solicitó un plazo adicional para presentar por escrito los argumentos de la apelación: pidió cinco días hábiles más, argumentando la complejidad del fallo y los 23 días que la jueza se tomó para dictarlo. Solicitó plantearlo hasta el 19 de agosto de 2025.
La jueza Heredia accedió, pero otorgó solo dos días más, con vencimiento el 13 de agosto como fecha límite para radicar el recurso
Según la legislación colombiana, la defensa tiene cinco días hábiles desde la lectura de la sentencia – realizada el 1 de agosto – lo cual inicialmente fijaba el vencimiento el 11 de agosto, considerando el feriado del 7 de agosto.
Una vez presentada la apelación, el caso será remitido al Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá plazo hasta octubre de 2025 para emitir fallo. De no resolverse antes de esa fecha, el proceso podría prescribir.
Si la apelación no prospera, los abogados podrían acudir a la Corte Suprema de Justicia, que ejerce como última instancia penal en el país. Hasta tanto no se decida en segunda instancia, la medida de cumplimiento de prisión domiciliaria queda suspendida, por lo que Uribe no deberá cumplirla de inmediato.
El fallo ha desequilibrado el panorama político colombiano. El presidente Gustavo Petro ha rechazado las denuncias de politización, recordando que fue Uribe quien inició el proceso legal en 2012 contra el senador Iván Cepeda.
Desde la bancada uribista se acusa una persecución judicial, mientras que sectores del centro político han abogado por respetar la independencia judicial y el debido proceso.
📊 Síntesis del caso
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Delitos | Fraude procesal y soborno en actuación penal |
| Pena impuesta | 12 años de prisión domiciliaria |
| Multa y sanciones | ~578 000 USD; inhabilitación por más de 8 años para funciones públicas |
| Apelación solicitada | Recurso en tribunal superior antes del 13 de agosto de 2025 |
| Etapa siguiente | Tribunal Superior de Bogotá (plazo hasta octubre de 2025) |
| Suspensión de condena | No se cumple mientras esté en curso la apelación |
Álvaro Uribe ahora depende del Tribunal Superior de Bogotá, con implicaciones directas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
