El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley por Palestina y la Humanidad, un instrumento que deroga la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma y prepara el camino para que la nación bolivariana se retire de la Corte Penal Internacional (CPI).
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicado en las sesiones legislativas que Venezuela abandonará la CPI para denunciar “el vasallaje, la hipocresía y la inacción” de ese organismo ante el genocidio del pueblo palestino y el silencio ante las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos, así como la inacción por las consecuencias sociales y económicas causadas por las sanciones estadounidenses.
En la sesión del pasado martes, Rodríguez señaló que permanecer en la CPI equivaldría a “revictimizar” a los pueblos que son blanco de agresiones, y señaló que Venezuela no recibió respuesta a su solicitud de investigar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, pese a los estudios que atribuyen decenas de miles de muertes a las sanciones impuestas por EEUU.
¿Qué viene ahora? ¿Cuándo Venezuela se sale de la CPI?
Con la norma, Venezuela busca de retirarse de la Corte Penal Internacional. La ley será remitida al presidente Nicolás Maduro para su promulgación. Después de esa acción, Venezuela tomará las acciones para dejar de ser un Estado miembro de la CPI.
El Estatuto de Roma es el tratado de 1998 que creó la CPI y obliga a los Estados miembros a cooperar en las investigaciones sobre presuntos crímenes internacionales. Venezuela se incorporó a la corte en el año 2000.
Desde el Parlamento denuncian que la CPI sólo ha servido en Venezuela para agredir la soberanía y las leyes nacionales y, de ese modo, favorecer la agenda de desestabilización de factores de la extrema derecha venezolana.
Tras su aprobación este jueves, Rodríguez dijo que la medida legislativa sirve «para demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución que debería servir para proteger a lo pueblos y sólo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».
¿Qué pasó con el CPI antes de la ley derogatoria?
Antes de la propuesta legal, la Corte Penal Internacional decidió cerrar la oficina en Caracas argumentando una supuesta “falta de progreso real” para que Venezuela investigara denuncias en materia de derechos humanos.
La cancillería de Venezuela respondió que el gobierno nacional se comprometió en ofrecer una complementariedad positiva, con todas las capacidades del Estado, para garantizar una efectiva administración de la justicia.
La Cancillería venezolana precisó que suscribió dos memorandos de entendimiento con la Corte, además se estableció una hoja de ruta para buscar mecanismos que contribuyan a lograr esfuerzos en materia de justicia y derechos humanos.
Sin embargo, la Cancillería informó, en un comunicado, que la Corte Penal no mostró el más mínimo compromiso ni el espíritu de cooperación. De hecho-según indicó la Cancillería- la CPI nunca asignó personal calificado a la oficina en Caracas, aunque ya estaba activada desde varios meses. Tampoco hizo aportes ni recomendaciones para las investigaciones
«Se desentendió para luego utilizar las denuncias contra Venezuela con fines políticos», indicó la Cancillería.
