Venezuela participa activamente en la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de la Acción Climática Regional, que reúne a ministras y ministros de Ambiente de 22 países latinoamericanos y se desarrolla del 25 al 26 de agosto en la Ciudad de México. El encuentro precede a la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realizará en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025.
Durante la sesión inaugural de alto nivel, el ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, presentó el enfoque venezolano basado en la acción popular y comunal para enfrentar la crisis climática.
“Nuestro trabajo no se limita a un ministerio, sino que se despliega en el territorio junto al pueblo, bajo una lógica ecosocialista”.
Explicó.
El ministro detalló la organización territorial que conforman 5.336 comunas, cada una con una Sala de Gobierno Comunal y los Consejos Ecosocialistas, que ejercen la autoridad ambiental local.
Molina subrayó que esta estructura permite acciones concretas como el Plan Nacional de Reforestación, desarrollado desde las bases comunales y con participación directa en el monitoreo ambiental.
“No se trata solo de información para expertos, sino de construir una red de estaciones meteorológicas y observadores comunitarios que reportan en tiempo real. Esta participación popular fortalece tanto el seguimiento del cambio climático como la toma de decisiones colectivas”.
Afirmó.
Estas iniciativas forman parte del Vértice 1 de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, que prioriza la organización territorial y la selección de cuencas para reforestar según el conocimiento local, construido a partir de mapas de riesgos elaborados por las comunidades. “Son los propios consejos ecosocialistas y las salas comunales quienes determinan dónde actuar, enriqueciendo la conciencia ambiental del pueblo y garantizando un vínculo real con la protección del territorio”, añadió el ministro.
La Reunión Ministerial busca consolidar una postura común entre los países de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la acción climática regional con visión integrada, que contemple la protección de ecosistemas y comunidades vulnerables, promueva una transición laboral justa, y facilite mecanismos para movilizar financiamiento climático alineado con los compromisos de la Agenda 2030 y otros acuerdos ambientales multilaterales.
