El gobierno de Venezuela paralizó de forma preventiva las actividades de ocho empresas dedicadas a la minería no metálica, tras detectar incumplimientos en la normativa ambiental durante un operativo nacional de fiscalización.
La medida se enmarca en los Circuitos de Supervisión y Fiscalización Ambiental, desplegados por el Ministerio de Ecosocialismo con el respaldo de distintos cuerpos de seguridad y el Ministerio Público. En total, se llevaron a cabo 84 inspecciones en varios estados del país, con la emisión de 12 actas administrativas y la citación de 39 personas para comparecer ante las autoridades.
En los estados Barinas y Zulia, las comisiones interinstitucionales retuvieron tres maquinarias pesadas —una cargadora frontal tipo Payloader, una retroexcavadora y un camión volteo— además de 4 metros cúbicos de arena grava extraídos sin autorización.
El despliegue contó con la participación de 245 funcionarios pertenecientes a diversas instituciones, entre ellas el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo Civil de Guardaparques, Bomberos Forestales de Inparques y representantes del Poder Popular.
Aunque se trata de minería no metálica, utilizada principalmente para materiales de construcción, la decisión refleja el esfuerzo del Estado por reforzar los controles ambientales en un sector que suele estar menos visibilizado frente al debate sobre la explotación de oro y coltán en el Arco Minero del Orinoco.
Con estas medidas, Venezuela busca proyectar una política de fiscalización más estricta en el sector extractivo, en línea con compromisos internacionales sobre protección ambiental y uso sostenible de los recursos naturales.
