En el Caribe, la actividad de los pescadores locales enfrenta una amenaza creciente que trasciende la realidad de sus aguas. Estados Unidos ha escalado su intervención militar y naval en la región, utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico y la presencia de bandas terroristas. Sin embargo, estos motivos esconden un interés mayor: influir y controlar las políticas del Estado venezolano y la región circundante, afectando directamente la vida y el trabajo de los pescadores caribeños.
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Amenazas directas a los pescadores
El reciente pronunciamiento del vicepresidente estadounidense James David Vance, advirtiendo a los pescadores del Caribe que evitaran salir a trabajar en la zona bajo riesgo, se enmarca en un contexto de intervencionismo que ha puesto en jaque la seguridad y la subsistencia de estas comunidades.
Bajo maniobras navales y presencia militar constante, los pescadores enfrentan detenciones arbitrarias, interferencias y una amenaza latente que les impide continuar con sus labores tradicionales. Por ejemplo, en septiembre de 2025 un destructor estadounidense interceptó ilegalmente un pesquero venezolano en la zona económica exclusiva, reteniendo durante horas a sus tripulantes.
El pretexto del narcotráfico y terrorismo
El gobierno estadounidense sostiene que su despliegue militar busca combatir el tráfico de drogas y desarticular grupos criminales señalados como bandas terroristas que operan en la región. No obstante, expertos y analistas coinciden en que esta narrativa responde a una estrategia geopolítica mayor. La acusación de que el gobierno venezolano estaría infiltrado por narcoterroristas ha sido usada reiteradamente para justificar la presencia militar y la presión sobre el país, con la intención de promover un cambio de régimen y frenar la autonomía venezolana.
Estados Unidos multiplica sus esfuerzos en el Caribe para mantener su influencia histórica sobre la región, rica en recursos naturales y estratégicamente vital. El despliegue de una flotilla militar sin precedente en el Caribe desde mediados de 2025, con buques de guerra, aviones y submarinos, demuestra una escalada en la militarización con fines de control y vigilancia. Estas acciones buscan limitar el poder del Estado venezolano, interfiriendo en su soberanía y sus políticas internas, y afectando no solo al gobierno sino también a las poblaciones costeras.
La militarización y las acciones intervencionistas causan un grave impacto en la economía local y el sustento de miles de pescadores. La inseguridad generada por la presencia armada y las interceptaciones permanentes provoca que los pescadores eviten salir al mar, reduciendo la actividad pesquera. Esto afecta la seguridad alimentaria, el empleo y el bienestar social en las comunidades del Caribe, incrementando la pobreza y el descontento.
Respuesta y denuncia desde Venezuela y la región
Las autoridades venezolanas y otros países caribeños han denunciado insistentemente estas acciones ante organismos internacionales como la ONU y la FAO, señalando la violación de la soberanía marítima y la agresión a los derechos humanos de los pescadores. Además, movilizan recursos navales propios y milicias para proteger sus aguas y mitigar el acoso militar extranjero, mientras buscan respaldo diplomático para frenar la escalada intervencionista.
La crisis en el Caribe trasciende la supuesta lucha antinarcóticos y terrorista, revelando un patrón de intervención estadounidense con fines políticos y estratégicos que afectan directamente a los pescadores y las soberanías nacionales. Resulta urgente un diálogo internacional para proteger los derechos de las comunidades costeras y resguardar la integridad y la paz en el Caribe, frente a un intervencionismo que amenaza la estabilidad regional y la vida de miles de ciudadanos.
