El norte de Mozambique vuelve a enfrentar un preocupante repunte de violencia, especialmente en la provincia de Cabo Delgado, donde grupos armados vinculados al extremismo han intensificado ataques contra comunidades rurales en los últimos días.
El norte de Mozambique enfrenta un nuevo repunte de violencia con consecuencias dramáticas: en las últimas semanas cerca de 100.000 personas han sido desplazadas tras una oleada de ataques de grupos armados en la región.
Según la agencia de refugiados de la ONU, UNHCR, “la intensificación de los ataques a aldeas en Mozambique y el rápido desbordamiento del conflicto hacia distritos previamente considerados seguros” ha forzado a miles de familias a huir.
Mozambique en caos
El fenómeno ha tenido lugar no solo en la histórica provincia conflictiva de Cabo Delgado, sino que también se ha expandido hacia zonas del interior y otras provincias como Nampula.
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que, dado el incremento de la inseguridad en Mozambique, ha debido suspender sus actividades en la ciudad de Mocímboa da Praia, un área clave del conflicto, lo que limita radicalmente el acceso a servicios de salud esenciales para miles de personas desplazadas.
De acuerdo con datos compilados por el Observatorio Humanitario regional, desde 2017 el conflicto ha desplazado a más de 1,3 millones de personas. Este año, la violencia ha alcanzado niveles inéditos: se registra un aumento de secuestros, asesinatos, destrucción de viviendas e infraestructura, violencia contra civiles —incluyendo mujeres, niñas y personas vulnerables— y reclutamiento forzado de niños.
Organismos internacionales advierten que la crisis humanitaria se agrava por la falta de recursos: la financiación para asistencia en la región está claramente subdimensionada respecto a las necesidades, lo que deja a muchas familias sin ayuda, viviendo en condiciones precarias.
La escalada de ataques ha sido atribuida a grupos armados no estatales vinculados al extremismo, que continúan operando en la zona pese a los esfuerzos de las autoridades y misiones de seguridad regionales.
El deterioro de la seguridad, sumado al desplazamiento masivo, el colapso progresivo de servicios públicos básicos (salud, educación, agua, saneamiento) y la insuficiente ayuda humanitaria configuran una crisis grave que —según organismos de derechos humanos— amenaza con profundizar la miseria y vulnerabilidad de decenas de miles de civiles inocentes.
