El 2 de septiembre de 2025 la administración de Estados Unidos anunciaba el primer ataque contra una embarcación supuestamente narcotraficante en aguas del Mar Caribe.
Desde entonces las operaciones militares han asesinado a más de 43 personas en la zona, en lo que expertos en derechos humanos nombran como «asesinatos extrajudiciales».
Los ataques se han extendido al Pacífico, zona por la que pasa el 86% del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Sin embargo, es en el Caribe donde se mantiene la mayor concentración de dispositivos de guerra estadounidenses, aunque por esa región solo se mueva el 5% del tráfico.
Hasta el 29 de octubre, se contaban 14 ataques letales y el número de asesinados ronda los 61.
¿Entonces, por qué los ataques en el Caribe?
Expertos consideran que estamos ante una escalada de lo que Estados Unidos denomina como una campaña en la «lucha contra el narcotráfico», pero en realidad persigue un cambio de régimen en Venezuela.
Informes de inteligencia de diversas agencias de EE.UU., incluyendo la DEA, señalan que Venezuela no es un país productor de drogas, ni una plaza importante para su tráfico hacia Estados Unidos.
Sin embargo, ignorando esa designación, Washington declaró al Tren de Aragua -una banda extinta- y al Cartel de los Soles -un invento de la CIA-, como organizaciones terroristas, y duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro. Acompañando todo ello, la Casa Blanca ordenó desplegar una flota naval y aérea alrededor de Venezuela. Además, declaran a viva voz que la CIA operaría en territorio de Venezuela.
Un reportaje especial de la agencia de noticias Reuters indicó que figuras de la oposición venezolana encabezadas por María Corina Machado sostuvieron varias reuniones antes y después de la toma de posesión de Donald Trump para instalar la idea de que Venezuela constituye un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estos esfuerzos de la oposición condujeron a la deportación de un número indeterminado de venezolanos desde Estados Unidos y el envío de 252 de ellos hasta una mega cárcel en El Salvador, donde varios afirmaron ser torturados.
Sin pruebas de delitos y sin debido proceso judicial, los venezolanos dentro y fuera del país enfrentaron las consecuencias de esta movida de la oposición, cuyo único recurso tras perder las elecciones es impulsar una acción militar.
«Proteger a su pueblo» ¿con excremento?
Cuestionado por las ejecuciones extrajudiciales, Donald Trump dijo: «Lo seguiremos haciendo, cada bote bombardeado salva a 25 mil americanos».
Se refiere a las vidas de cientos de miles de estadounidenses que se pierden cada año por consumo de drogas.
En 2023, hubo más de 110.000 muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos. En 2024, el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos se redujo en aproximadamente un 25%, pero el volumen sigue siendo alto.
«Hasta la fecha, las políticas y los esfuerzos firmes no han mitigado de manera efectiva este problema de seguridad en los EE. UU.», dice un reciente informe del Coronel Pedro Arnulfo Sánchez Suarez, de la Fuerza Aérea Colombiana.
Una completa investigación de WOLA aborda el tema: “El enfoque en la producción de drogas no reconoce que los mercados de drogas en Estados Unidos son sólidos, alimentados por una demanda sustancial. (…) Ningún enfoque exitoso puede tratar esto simplemente como un problema de oferta”.
Además, el informe reconoce que «El título 10 del código de los Estados Unidos, sección 124, establece que el Departamento de Defensa puede identificar un buque o aeronave usado para el narcotráfico fuera del territorio de Estados Unidos, pero debe dirigirlo a un lugar designado por las autoridades civiles competentes”.
Esta redacción especifica que no están autorizados a matar a las personas a bordo de la embarcación, especialmente sin una justificación de legítima defensa.
Esta es solo una de las formas en que la estrategia narrativa estadounidense es endeble. La otra es más gráfica y apestosa.
Casi 7 millones de personas participaron en las marchas «No Kings» en diversas ciudades de Estados Unidos el 19 de octubre, según los organizadores: una amplia oposición a lo que describieron como la agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump. Los manifestantes se congregaron en más de 2.700 ciudades y pueblos.
La respuesta de Trump fue un video generado por IA donde pilotea un avión, llevando una corona y esparciendo excremento sobre los manifestantes americanos.
Entonces, ¿quiere «proteger sus vidas» para lanzar estiércol sobre ellos?
Ok, falló la narrativa de las drogas, «ahora comparémoslos con Al Qaeda«
Mientras Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques mortíferos contra barcos que, según afirma sin presentar pruebas, están implicados en el narcotráfico, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, describió a los «narcoterroristas» como «la Al Qaeda del hemisferio occidental.»
«Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utilizan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y asesinados, igual que Al Qaeda», afirmó Hegseth en un post publicado el 19 de octubre en X al hablar de uno de los ataques.
«Los ataques son una señal muy clara de que la Administración Trump va a usar tácticas no convencionales para tratar de reducir el tráfico de drogas en las Américas», explica el director senior del Centro de América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak.
Sin embargo, cuestiona la eficacia de estos ataques para reducir la entrada de estupefacientes: «La Administración (Trump) ha dicho que se está enfocando en el tráfico de drogas ilícitas que se mueve a través del Caribe, incluyendo drogas como el fentanilo. Sin embargo, no hay información pública sobre qué tipo de drogas se han interceptado o en qué cantidad».
Marczak añade que en este tipo de interdicción, donde se bombardea la embarcación, «queda muy poca evidencia, entonces es imposible saber el nivel de reducción en el tráfico de drogas que queda como resultado de los nueve ataques».
De hecho, de las personas que han asesinado en estos bombardeos, muy pocas han sido identificadas. Por ejemplo: dos pescadores de Trinidad y Tobago fueron identificados como víctimas cuando los familiares reconocieron su lancha en uno de los videos del Departamento de Guerra.
Otros sobrevivientes de una interdicción en el mar fueron devueltos a sus países de origen (Ecuador y Colombia) y allí liberados al carecer de pruebas incriminatorias.
¿Las pruebas? Los medios
Todo el despliegue militar ha estado acompañado de grandilocuentes titulares que se editan y se desmienten de un minuto a otro.
El último ejemplo es el del secretario de Estado Marco Rubio quien regañó al Miami Herald, tras anunciar horas antes que Trump había decidido atacar a Venezuela.
Este es solo uno de los ejemplos de cómo han operado estas batallas, más allá de los bombardeos en aguas del Caribe o de los anunciados ataques en tierra.
Por fortuna, importantes figuras de la política tienen una postura firme de condena a esos ataques y de apoyo a Venezuela.
«No son tiempos de piratas»
Aliados de Venezuela como Colombia, Brasil, y Barbados se han pronunciado en los últimos días, en rechazo de la agresión militar y en favor de un diálogo entre Caracas y Washington.
“Las acciones violentas que esta escalada ha provocado deben ser objeto de diálogo. Dialoguemos para evitar que la guerra comience”, declaró Mia Mottley.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ofreció a su homólogo estadounidense Donald Trump actuar como mediador para aliviar las crecientes tensiones entre Washington y Caracas en el Caribe.
Lula subrayó la importancia de preservar la paz en América Latina y Sudamérica, y afirmó que Brasil está dispuesto a ser un interlocutor con Venezuela para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas.
El caso más emblemático es el del presidente colombiano Gustavo Petro, quien arremetió contra su homólogo estadounidense Donald Trump, asegurando que el mandatario norteamericano está siendo víctima de consejos engañosos que afectan la relación entre ambos países. Durante una reunión de gabinete, Petro acusó a ciertos asesores de Trump de pertenecer a grupos “nazis de Miami ligados al narcotráfico”.
Más allá de la intensificación y la llegada de nuevas embarcaciones de guerra a la región, los planes de Trump pudieran tener los días (las horas) contados.
El presidente por Ley tendría hasta el 2 de noviembre para retirar su despliegue militar en el Caribe, de acuerdo al exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos y experto en operaciones antiterroristas, Ryan Goodman.
Goodman se basa en la Ley de poderes de Guerra, que aparentemente estaría empleando Trump, aunque no ha notificado formalmente al Congreso de su país.
Eso, en sí mismo es una violación, porque para que un ataque militar de este tipo sea legítimo, debe cumplir con varios requisitos legales. Para Goodman «tiene que ser en respuesta a un ataque armado contra los Estados Unidos. Tiene que ser necesario. Tiene que ser proporcional. Tiene que ser autorizado por el Congreso. Ninguna de esas cosas, ninguno de esos puntos se cumple».
Pero aún si tuviera ese amparo legal, la Resolución de Poderes de Guerra prohíbe que las fuerzas armadas permanezcan desplegadas por más de 60 días.
La resolución establece que el presidente puede enviar las Fuerzas Armadas de los EE.UU. a la acción en el extranjero solo por declaración de guerra del Congreso, «autorización legal», o en caso de «una emergencia nacional creada por un ataque a los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas Armadas».
Ryan Goodman dice que los ataques tienen, por ley, que terminar:
Sonido goodman: (0:45) Si el Presidente no recibió autoridad afirmativa (0:47) del Congreso, (0:48) esa hora empezó el 2 de septiembre (0:50) con el primer ataque, (0:52) y así debería expirar en la primera semana de noviembre.
Además, en una entrevista con CNN, Goodman expresó preocupación sobre la legalidad de los recientes bombardeos ordenados por el presidente estadounidense en aguas internacionales y su posible escalada.
«No veo una base legal para ello. Entiendo por qué los abogados dentro del Pentágono tampoco pueden, como se ha reportado. Y hay un número de problemas diferentes. Cuando pasamos de los mares altos a los ataques a la tierra, entonces significa atacar dentro del territorio de otro país. Un país soberano» advirtió.
Según el experto y exfuncionario, estas acciones no tienen fundamento legal, ni dentro del derecho interno de EE. UU. ni en las normas internacionales.
«Bajo cualquier circunstancia, no tiene autoridad doméstica, no tiene autoridad internacional», aclara Goodman.
Goodman toma como punto de partida el primer ataque reportado contra una embarcación el 2 de septiembre de 2025, aunque en realidad, el despliegue naval en el Caribe comenzó en fecha próxima al 14 de agosto. Entonces, ¿estaría ya Trump corriendo fuera de horarios?
