Un tribunal chileno abrió el primer juicio contra una red de adopciones ilegales que funcionó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El juez Alejandro Aguilar Brevis procesó a cinco personas, incluyendo a médicos, abogados, religiosos y funcionarios públicos, por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. También solicitó la extradición desde Israel de la exjueza Ivonne Gutiérrez Pavez, acusada de liderar la organización.
Según el fallo, la red operaba en la ciudad de San Fernando durante los años 80. Identificaban a niños de familias vulnerables, los separaban por la fuerza y los entregaban a matrimonios extranjeros a cambio de sumas de hasta 50.000 dólares.
Se estima que al menos 20.000 niños fueron víctimas de este sistema. Los métodos incluían desde manipulaciones legales en tutelas hasta el uso de certificados de defunción falsos para ocultar las adopciones.
Aunque los primeros indicios surgieron en 2014, esta es la primera vez que un tribunal chileno acredita formalmente la existencia de una red estructurada de tráfico infantil durante la dictadura.
Las adopciones ilegales no terminaron con la dictadura
Una reciente investigación de El País reveló que las adopciones ilegales en Chile no se limitaron al régimen militar, sino que continuaron hasta al menos 2024. En un reportaje detallan el caso de Jocelyn Koch y su madre, Jaquelin Aguilera, quienes buscan a Kevin, hijo y hermano respectivamente, entregado en adopción internacional en 2004 sin su consentimiento formal.
La investigación apunta a irregularidades sistemáticas por parte del Estado y del Servicio Nacional de Menores (Sename): separaciones forzadas, maltratos en hogares infantiles, falta de notificación legal a las familias y adopciones al extranjero sin considerar la opción de familiares cercanos.
Entre 2010 y 2020, más de 4.500 niños fueron adoptados desde Chile, 587 de ellos en Italia. Muchos centros involucrados siguen operando, pese a denuncias de abusos e incluso redes de prostitución infantil.
