La ciudad de Los Ángeles vive horas intensas de protestas que ya suma seis días consecutivos. Aunque gran parte de las movilizaciones han sido pacíficas, las autoridades locales reportan disturbios puntuales que han derivado en cientos de arrestos, el despliegue de tropas federales y un abierto enfrentamiento político entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y la administración federal de Donald Trump.
Durante las últimas 24 horas, la tensión se incrementó con la llegada de más efectivos de la Guardia Nacional y el inminente despliegue de al menos 700 marines, con autorización para actuar en labores de detención.
Según medios locales y nacionales, solo en el último día se realizaron cerca de 400 arrestos, muchos de ellos por violar el toque de queda impuesto en varias zonas del centro de la ciudad, así como por posesión de artefactos incendiarios y agresión a la autoridad.
La respuesta federal ha sido calificada por sectores demócratas como excesiva y provocadora. En ese sentido, el gobernador Gavin Newsom ha elevado el tono de sus críticas, acusando al gobierno central de utilizar a las fuerzas armadas con fines políticos.
Newsom ha sostenido que lo ocurrido en Los Ángeles es “una escalada innecesaria que viola los principios constitucionales del país”.
En declaraciones, el gobernador advirtió que “la democracia está siendo asaltada” y cuestionó duramente que tropas entrenadas para el combate fueran usadas para intervenir en protestas civiles.
Este punto se ha convertido en el eje de una demanda legal que el estado de California ha presentado contra el gobierno federal, en conjunto con otros gobernadores demócratas. Argumentan que el uso de tropas militares en contextos civiles, sin el consentimiento expreso del estado, contraviene la Constitución y socava la soberanía local.
La administración Trump, por su parte, ha defendido su actuación aludiendo a la necesidad de mantener el orden ante lo que consideran “graves amenazas” a la seguridad pública.
Trump ha sido claro en su postura, respaldando la decisión de enviar tropas a las calles. En declaraciones, afirmó: “Si las autoridades locales no quieren o no pueden controlar la situación, nosotros lo haremos por ellos”.
El discurso federal se apoya en el argumento de proteger infraestructuras federales y disuadir acciones que puedan convertirse en focos de violencia organizada.
La alcaldesa de Los Ángeles se suma a la cruzada.
En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha sumado a los reclamos por una gestión más local del conflicto, pidió que “se ponga fin a las redadas de ICE” y subrayó que “la crisis debe ser gestionada desde una perspectiva de justicia, no con militarización”.
Esta declaración refleja el amplio rechazo en sectores progresistas al creciente uso de fuerzas federales para enfrentar lo que describen como manifestaciones legítimas de descontento social.
El origen de las protestas actuales está vinculado a la política migratoria federal, especialmente a las recientes redadas masivas de ICE en barrios latinos y asiáticos de la ciudad.
A esto se suman denuncias por abuso policial, discriminación racial y violaciones a los derechos civiles. Grupos de defensa de los derechos humanos han reportado múltiples incidentes en los que agentes armados habrían detenido a personas sin presentar una orden judicial o identificación clara.
Mientras tanto, el ambiente en las calles de Los Ángeles se mantiene tenso. Las manifestaciones continúan y el toque de queda permanece vigente. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en una ciudad que vuelve a convertirse en epicentro del debate sobre los límites del poder federal y la defensa de los derechos ciudadanos.
Con la vía judicial ya activada, se espera que en los próximos días la Corte Federal comience a evaluar la legalidad del despliegue militar. El fallo podría sentar un precedente clave para futuras intervenciones similares en otras ciudades del país.
Los próximos días serán decisivos. Entre movilizaciones, decisiones judiciales y posiciones encontradas, Los Ángeles encarna hoy uno de los momentos más críticos de la relación entre el poder estatal y federal en Estados Unidos.
