Familiares de los migrantes deportados desde Estados Unidos y luego secuestrados en El Salvador, viajaron hasta la ciudad de Ginebra en Suiza, en el marco del 59° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar una vez más las violaciones que comete el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump contra los migrantes venezolanos.
Aseguran que las aberraciones cometidas en materia de derechos humanos solo evidencian que las mismas responden a intereses políticos y que atentan actualmente contra 252 venezolanos secuestrados por el gobierno Nayib Bukele.
«Con el fin de sensibilizar a las autoridades del Consejo de Derechos Humanos y llamar su atención, hacemos un llamado, un clamor a su sensibilidad humana porque en el marco de los derechos humanos el bien protegido es la dignidad humana que es lo que se está mancillando en este caso.» sostuvieron ante las autoridades presentes.
Los familiares quienes estuvieron acompañados por el embajador Alexander Yanez, representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, sostienen que más del 90 por ciento de los jóvenes secuestrados son inocentes y no poseen antecedentes penales, como asegura el gobierno salvadoreño para justificar la desaparición forzosa de estos venezolanos por lo que solicitan la intervención inmediata de este organismo a casi 100 días de esta deportación masiva.
Otros familiares de secuestrados también buscaron justicia
Una delegación venezolana arribó a El Salvador el 10 de junio y culminó su visita al país centroamericano sin respuesta alguna sobre sus familiares retenidos ilegalmente por el gobierno de Nayib Bukele en el Centro Penitenciario Contra el Terrorismo (Cecot), pese a no tener antecedentes o proceso judicial en esa nación.
Familiares de los criollos deportados, acompañados por sus representantes legales, entregaron varias solicitudes ante la Dirección General de Centros Penales en San Salvador para realizar una visita formal al penal y constatar el estado físico y psicológico de los detenidos.
Luego de entregar la solicitud al director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, los representantes de los detenidos visitaron la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el objetivo de hacer la petición de supervisión de las condiciones en las que se encuentran los reclusos. Sin embargo, a la fecha no han obtenido respuesta alguna.
Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, de 24 años, deportado a El Salvador, expresó su desilusión al no poder lograr lo prometido a su hermana al salir de Venezuela rumbo al país centroamericano. “Venía con mucha ilusión; le prometí a mi hermana que pronto el niño estaría en libertad, y a muchas madres. No quiero que pierdan la fe. Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos”, declaró a los medios internacionales.
Penal debe permitir la visita
El representante de la Fundación Amparo Internacional de Venezuela, Walter Márquez, cuestionó las violaciones al proceso judicial cometido contra los migrantes venezolanos y el irrespeto a sus derechos humanos consagrados en la carta de las Naciones Unidas: “Están allí sin ningún proceso judicial y sin ningún delito cometido en este país”, afirmó Márquez.
El activista reiteró que a los detenidos se les debe garantizar el derecho a la visita y permitir a sus familiares constatar el estado en que se encuentran, ya que no saben nada de ellos desde hace más de tres meses.
La delegación venezolana estuvo en la nación salvadoreña pidiendo ayuda ante todas las instancias. Incluso visitaron la Nunciatura Apostólica de San Salvador, donde entregaron un documento solicitando la intervención del Papa León XIV en este caso.
Esperan hacer una segunda visita al país centroamericano y así obtener resultados más positivos para las familias que esperan el retorno de sus familiares a Venezuela sanos y salvos.
