La excepción que devoró a la democracia: Bukele extiende 40 veces su régimen de emergencia con aplauso internacional.
En El Salvador, Lo que comenzó como una respuesta extraordinaria ante una crisis de violencia, se transformó en la nueva normalidad política. El presidente Nayib Bukele ha prorrogado por cuadragésima vez el estado de excepción desde marzo de 2022, suspendiendo derechos constitucionales y consolidando un modelo de poder absoluto disfrazado de seguridad eficiente.
En total, más de 87.000 personas han sido detenidas bajo esta medida —la mayoría sin juicio, sin defensa y sin pruebas fehacientes— en lo que organismos internacionales describen como una estrategia de control masivo sin precedentes en la región.
Emergencia infinita: del crimen a la dictadura digital
El régimen de excepción fue decretado el 27 de marzo de 2022, tras una jornada con 62 homicidios. Desde entonces, y en un ejercicio mensual automático, la Asamblea Legislativa —controlada por el oficialismo— ha prorrogado cada 30 días la medida.
Ya son 40 extensiones consecutivas, una cifra que habla más de una reforma encubierta del sistema político que de una coyuntura temporal.
Con el régimen de excepción vigente:
- Se suspenden el derecho a la defensa legal inmediata.
- Se amplía la detención sin audiencia judicial hasta 15 días.
- Se legaliza la intervención de comunicaciones sin orden judicial.
Las cárceles salvadoreñas están hacinadas y militarizadas. La megaprisión inaugurada por Bukele en 2023 alberga a más de 40.000 reos, en condiciones que organizaciones como Amnistía Internacional califican como inhumanas.
Pero en redes sociales, Bukele celebra el encierro con estética hollywoodense: drones, barrotes, torsos desnudos, silencio. Y millones de likes.
El dictador «cool» «que seduce las redes
Mientras Daniel Ortega o Nicolás Maduro son blanco diario de críticas por prácticas similares, Bukele es celebrado por sectores conservadores de EE. UU. y Europa como un modelo de orden.
Donald Trump lo cita como ejemplo. Elon Musk le retuitea. Libertarios le rinden culto. Washington calla.
“Nadie critica a Bukele porque le funciona: tiene orden, buena imagen y habla inglés. Es el dictador perfecto para la era TikTok”, comenta la profesora Carmen Coronado desde su aula de derecho en la Universidad Bolivariana ce Venezuela.
Las cifras que ocultan dolor en la era Bukele
- 87.000 detenidos desde marzo de 2022
- Al menos 160 muertes bajo custodia, según organizaciones locales
- Más de 5.000 denuncias por abusos, tortura y detenciones sin pruebas
- 0 condenas internacionales serias por parte de la OEA o EE. UU.
El caso de la abogada anticorrupción Ruth Eleonora López Alfaro: Abogada defensora de derechos humanos, arrestada en mayo de 2025 en su casa, permaneció incomunicada más de 40 horas sin que se notificara a sus familiares o abogados.
Las encuestas dan a Bukele entre 80 % y 90 % de aprobación. Pero ¿es legítimo ese apoyo en un país donde criticar al gobierno puede costarte la libertad?
“La dictadura no llegó de verde oliva, llegó con filtros de Instagram y discursos de libertad. Pero es dictadura igual”, resume la profesora Coronado.
No hay respuesta clara. El gobierno no fija metas concretas ni propone una salida. Cada mes, se renueva el estado de excepción sin debate real.
Bukele ya fue reelegido tras una controvertida interpretación constitucional y busca ahora reelegirse indefinidamente en el poder. Todo bajo una apariencia de orden, progreso y modernidad.
Durante marzo de 2025, al menos 238 venezolanos fueron deportados desde EE. UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, sin que se presentaran cargos ni pruebas claras.
Desde entonces, los detenidos han vivido en un limbo jurídico: incomunicados, sin acceso a abogados, familiares, ni notificación formal de delitos.
Las condiciones en CECOT han sido descritas como inhumanas y tortuosas. Según informes y denuncias de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los deportados sufren aislamiento prolongado, golpes, privación del sueño, espacios obscuros y operaciones de deshumanización como el rapado forzoso de cabello . Los testimonios hablan de daños morales severos que dejan secuelas psicológicas profundas.
Abogados y organizaciones han solicitado hábeas corpus en la Corte Suprema salvadoreña, así como pruebas de vida e información sobre paradero y estado legal, pero las autoridades han respondido con silencio o demoras sistemáticas.
El Alto Comisionado de la ONU también expresó su preocupación por posibles desapariciones forzadas, ante la falta de transparencia de los gobiernos de EE. UU. y El Salvador.4
Estados Unidos, que pagó a Bukele por recibir a los venezolanos y proclamó su colaboración en la «guerra contra las pandillas», no ha exigido garantías procesales ni condiciones humanitarias claras.
l doble rasero es evidente: se condenan cárceles en Venezuela, pero se silencia ante torturas en El Salvador perpetradas con apoyo estadounidense.
Este grupo de venezolanos, muchos con solicitudes de asilo, TPS o protección legal vigente en EE. UU., ha sido tratado como «criminales peligrosos», sin proceso, sin defensa y sin reconocimiento de su status migratorio.
Su situación —un trato peor que el de muchos pandilleros— revela una estrategia de control migratorio que sacrifica derechos humanos en nombre de la seguridad y los acuerdos diplomáticos.
La excepción ha dejado de ser medida. Es ahora la ley suprema.
