El gobierno de Estados Unidos desclasificó tres documentos diplomáticos que confirman la existencia de un acuerdo informal con El Salvador para el encarcelamiento indefinido de hasta 500 migrantes venezolanos, señalados como supuestos miembros del extinto Tren de Aragua, en la megacárcel CECOT.
El acuerdo, sellado a través de un simple intercambio de notas diplomáticas, elude cualquier control judicial y carece de mecanismos de monitoreo sobre el trato a los detenidos.
Según el análisis de un exabogado del Departamento de Estado, los documentos reflejan una cobertura legal débil ante posibles violaciones a los derechos humanos.
EE. UU. se limita a “entender” que El Salvador respetará sus leyes y la Convención contra la Tortura, sin exigir reportes ni inspecciones. La nota del 13 de marzo incluso advierte que los migrantes venezolanos serán retenidos por al menos un año, pero deja abierta la posibilidad de prolongar su encierro sin fundamento legal.
El documento también reconoce que el traslado de personas fue parte de un intercambio con “consideraciones financieras y en especie” que no son detalladas. A cambio, El Salvador recibió, entre otros, a dos líderes de la pandilla MS-13, mientras que EE. UU. se deshizo de cientos de migrantes sin debido proceso, basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798.
La nota adicional del 31 de marzo —enviada tras una segunda transferencia de detenidos— evidencia que ni siquiera se había formalizado la garantía de trato humanitario antes de ejecutar los traslados. Solo después, EE. UU. “recuerda” a El Salvador su deber de no torturar, lo que refuerza las sospechas sobre el carácter meramente simbólico de esas promesas.
Organizaciones de derechos humanos y el gobierno venezolano denunciaron desde el momento del secuestro que los migrantes fueron trasladados sin defensa legal, incomunicados y sometidos a condiciones inhumanas en la cárcel CECOT.
El acuerdo, que EE. UU. califica como “no vinculante”, plantea serias dudas sobre la legalidad de estas acciones y su posible encubrimiento de delitos internacionales.
