La relación entre Washington y Brasil atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas, luego de que el gobierno de Estados Unidos revocara la visa del ministro de Justicia brasileño, Ricardo Lewandowski.
La medida, ha sido calificada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “irresponsable” y una “ofensa” a la soberanía nacional.
La decisión se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra jueces y funcionarios brasileños vinculados a las investigaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunta conspiración para desconocer los resultados electorales de 2022.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ya había sido objeto de una sanción similar en julio, cuando se le retiró la visa estadounidense tras ordenar medidas cautelares contra Bolsonaro.
De acuerdo con Reuters, Lula no dejó lugar a dudas sobre su posición: “Quiero manifestar toda mi solidaridad al ministro Ricardo Lewandowski. Esta actitud es irresponsable y no solo contra él, sino contra todos los magistrados de la Corte Suprema y cualquier personalidad brasileña”.
Washington, en cambio, se justificó argumentando que las medidas impuestas por los jueces brasileños vulneraban derechos fundamentales, incluso de ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Trump llegó a describir la actuación de Moraes como una “caza de brujas” contra Bolsonaro, dejando en evidencia un alineamiento con los sectores más radicales del expresidente brasileño.
Una política de presión e injerencia
La decisión de revocar visas a altos funcionarios brasileños no es un hecho aislado. En los últimos meses, Estados Unidos ha impuesto sanciones comerciales y aranceles contra Brasil, además de aumentar la presión diplomática en foros internacionales. El trasfondo, según analistas, es claro: Washington busca debilitar al actual gobierno de Lula y posicionarse como aliado de los grupos bolsonaristas.
El medio paraguayo Última Hora resaltó el pasado 22 de agosto cuando se impuso la media contra De Moraes, que “estas medidas no solo afectan a las relaciones bilaterales, sino que abren un precedente de injerencia directa en los asuntos internos de Brasil”. Para el gobierno de Lula, lo ocurrido constituye un ataque directo al Poder Judicial y a la soberanía nacional, en un momento en que el país atraviesa un debate crucial sobre la defensa de la democracia frente al golpismo.
Reacciones internas y externas
La noticia ha generado indignación en Brasil. Políticos del oficialismo han exigido una respuesta “a la altura de la afrenta”, mientras que sectores de la oposición, cercanos a Bolsonaro, han celebrado la medida de Washington como una supuesta defensa de los “derechos individuales”.
Fuera del país, gobiernos latinoamericanos han mostrado preocupación por la escalada diplomática. Aunque hasta ahora no se han producido pronunciamientos oficiales de organismos regionales, el episodio amenaza con abrir una nueva grieta en las relaciones hemisféricas.
¿Qué busca Estados Unidos?
El patrón es evidente: revocar visas, aplicar sanciones y presionar a jueces que investigan a Bolsonaro. Para Lula, no se trata de coincidencias, sino de un plan deliberado para “desestabilizar” su gobierno. Las medidas refuerzan la narrativa de que Trump y sus aliados ven en Brasil un campo de batalla para exportar su agenda política hacia América Latina.
Mientras tanto, la crisis diplomática se agrava. Washington insiste en su discurso sobre derechos y libertades, pero en Brasil la percepción generalizada es que EE.UU. actúa con un doble estándar, defendiendo a Bolsonaro mientras ataca a quienes intentan juzgarlo.
Lo que está en juego no es solo el futuro de las relaciones entre Brasil y EE.UU., sino también la capacidad de los países latinoamericanos de resistir presiones externas que buscan influir en sus procesos democráticos.
