Bélgica afrontó este miércoles el tercer día consecutivo de huelga general convocada por los principales sindicatos en rechazo a las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno del primer ministro belga, Bart de Wever.
Según informó la agencia Sana, el transporte público en Bruselas quedó prácticamente detenido, mientras el aeropuerto de la capital canceló todos los vuelos de salida y buena parte de los de llegada.
En tanto, las redes de tren y autobús operaron con mínimos debido a la adhesión masiva de trabajadores al paro.
En el ámbito marítimo, las agencias navieras belgas reportaron una fuerte congestión en la costa. La entrada y salida de buques del puerto de Amberes —el segundo más grande de Europa— y de otras terminales se vio interrumpida por la suspensión de los servicios de navegación y practicaje, reseñó Efe.

Tres fases de la huelga en Bélgica
Los sindicatos explicaron que la protesta se articuló en tres fases: la primera paralizó el transporte público el lunes; la segunda, el martes, extendió el paro a servicios públicos como escuelas, guarderías, hospitales y oficinas estatales; y la tercera culminó el miércoles con una huelga general a escala nacional.
La movilización responde a los planes del Gobierno para modificar el sistema de pensiones, aumentar la edad de jubilación y ajustar las prestaciones sociales.
Los líderes sindicales denunciaron que el presupuesto supone «un golpe para los trabajadores» y advirtieron de que su impacto recaerá especialmente sobre las familias con menos recursos.
Bélgica ha vivido otras protestas a lo largo del año, incluida una manifestación en octubre que reunió a más de 100 mil personas.
El país, que figura entre los más endeudados de la eurozona junto con Grecia, Italia y Francia, aplica desde febrero un programa de ajustes que contempla reformas estructurales sin precedentes en materia laboral, de desempleo y de pensiones.
Renuncia si no logra solución en 50 días
Wever anunció que dimitirá en un plazo de cincuenta días si no logra cerrar la difícil negociación del presupuesto federal, que quiere cuadrar con un ahorro acumulado de 10.000 millones de euros para 2030.


