El cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió este miércoles al gobierno de Nayib Bukele que informe sobre los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos (EEUU) a El Salvador, quienes además llevan casi cuatro meses presos e incomunicados.
«Ciertamente alguien que está detenido tiene derecho a cosas mínimas que están establecidas en la ley internacional, que se sepa dónde está y cómo está», declaró Rosa Chávez a periodistas en la iglesia San Francisco en San Salvador.
Por su parte, la iglesia ya se había pronunciado sobre los venezolanos secuestrados en el Cecot, el pasado 20 de abril, cuando el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió a las autoridades que no conviertan al país en «una gran cárcel internacional»
«Hasta los peores criminales tienen derechos, pido que se informe sobre su situación a sus familias».
Cabe señalar que abogados y familiares de los venezolanos secuestrados en El Salvador, han intentado visitarlos y obtener información sobre ellos, pero se han topado con el silencio de las autoridades salvadoreñas.
«Creo que cuando uno comete un error debe aceptar que lo cometió» y no cometer «un error más grave todavía», dijo el cardenal sobre la orden de mantenerlos incomunicados»
Además, el Cardenal Chávez también deploró que unos 40 periodistas salvadoreños se hayan exiliado tras sufrir «hostigamientos», según una denuncia del gremio.
«El miedo está instalado en el país», ¿Cómo vencer el miedo, cómo tener derecho a hablar sin ser víctimas? Esa es la tarea, pero la realidad está ahí, el mundo entero la ve cada vez más clara, creo que poco a poco la verdad va a imponerse porque la mentira tiene las patas cortas», afirmó Rosa Chávez sobre esta denuncia de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Finalmente, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez también sostuvo que «debe cortarse ya», el régimen de excepción que rige en El Salvador desde hace más de tres años, que permite detenciones sin orden judicial para combatir a las pandillas.
Los 252 venezolanos fueron enviados a El Salvador entre marzo y abril bajo un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele. Las autoridades estadounidenses alegan que forman parte del Tren de Aragua, un grupo delictivo extinto y que hasta la fecha EEUU no ha hecho público un solo expediente judicial que comprueve sus supuestos delitos.
Desde el momento que los venezolanos fueron encerrados en el CECOT, el presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como un “secuestro” y exigió fe de vida, acceso legal y familiar a los reclusos. El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab ordenó a su homólogo salvadoreño remitir datos oficiales de identificación, estatus judicial e informes médicos de los 252 venezolanos, denunciando detenciones arbitrarias y desapariciones.
