Detenidos en la megacárcel para migrantes «Alligator Alcatraz», ubicada en Florida, denuncian supuestas golpizas masivas y uso de gas lacrimógeno por parte de los guardias.
Según varias llamadas de los retenidos a la televisión local, parte del equipo de guardias comenzaron a golpear indiscriminadamente a los prisioneros luego de que uno de ellos recibiera noticias del fallecimiento de un familiar y comenzara a gritar reclamos de “Libertad”.
«Han golpeado a todos aquí, mucha gente ha sangrado. Hermano, gases lacrimógenos. Somos inmigrantes, no somos delincuentes, no somos asesinos», dijo uno de los detenidos en una llamada telefónica. Se reportó además el ruido incesante de una alarma de incendios y que oían un helicóptero sobrevolando las instalaciones.
Por su parte, la división de gestión de emergencias de Florida (FDEM), que administra la cárcel bajo el Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desestima la información. «Estos informes son fabricados. No se está produciendo ninguna revuelta en Alligator Alcatraz. Los detenidos viven en condiciones limpias y seguras y los guardias están debidamente formados en todos los protocolos estatales y federales», afirmó Stephanie Hartman, directora de comunicaciones del departamento.
“Alligator Alcatraz” y su historial de abusos
Las instalaciones actualmente albergan cerca de 700 detenidos. Varios de ellos han denunciado abusos tales como coerción por parte de los guardias para la auto deportación, la falta de atención efectiva ante la presencia de un virus respiratorio, inmigrantes encerrados en jaulas en condiciones de calor extremo, enjambres de mosquitos, servicios sanitarios ínfimos y equipos de aire acondicionado que alternan temperaturas bajo cero o sofocantes.
“Alligator Alcatraz”, inaugurado el 3 de julio, fue presentado como un triunfo por el gobernador Ron DeSantis y elogiado como un modelo eficiente de detención que apoya la política migratoria nacional.
El pasado 22 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams determinó que la instalación debe ser desmantelada en un plazo de 60 días por los graves daños ambientales causados en los Everglades y la violación de derechos territoriales de la tribu Miccosukee, que junto a organizaciones ambientalistas había demandado su clausura.
