Los fiscales generales sostienen que el presidente impuso tarifas ilegalmente, infringiendo la separación de poderes.
Una coalición de doce fiscales generales estatales presentaron el pasado miércoles una demanda contra la administración del presidente Donald Trump ante el Tribunal de Comercio Internacional.
Los demandantes acusan al Ejecutivo norteamericano de imponer aranceles sin autorización previa del Congreso, amparándose en los poderes de emergencia que, según afirman, han sido utilizados de forma indebida.
La querella se centra en una serie de aranceles anunciados recientemente por la administración de un 145% a productos provenientes de China, un 25% a bienes de México y Canadá, y un 10% a importaciones globales, con aumentos adicionales programados para julio.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ya litiga contra la administración Trump por su intento de anular un peaje local, respalda la demanda contra los aranceles, declarando:
“Los aranceles imprudentes del presidente han disparado los costos para los consumidores y han desatado el caos económico en todo el país. Nueva York se alza para luchar contra el mayor aumento de impuestos federales en la historia de Estados Unidos. La Fiscal General James y yo colaboramos en este litigio en nombre de los consumidores neoyorquinos, porque no podemos permitir que el presidente Trump lleve a nuestro país a una recesión”.
«El plan arancelario del presidente Trump, además de económicamente imprudente, es ilegal», afirmó la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, quien colideró la demanda junto a otros 11 fiscales.
Asimismo según el documento publicado se acusa a Trump de abusar de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), utilizada como base legal para justificar los nuevos aranceles. Los fiscales alegan que no hay una emergencia nacional que respalde el uso de esta ley.
El documento fue presentado por los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont, todos ellos del Partido Demócrata.
La administración responde a la demanda
En una declaración, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió los aranceles y criticó a James por la acción legal.
“Una vez más, demócratas como Letitia James priorizan la caza de brujas contra el presidente por encima de proteger la seguridad y el bienestar de sus electores”, declaró. “La Administración Trump mantiene su compromiso de ejercer toda su autoridad legal para afrontar las distintas emergencias nacionales que nuestro país enfrenta actualmente: tanto el flagelo de la migración ilegal y los flujos de fentanilo a través de nuestra frontera como el creciente déficit comercial anual de bienes de Estados Unidos”.
“El presidente no tiene ninguna autoridad legal para imponer estos aranceles. Son ilegales y, si se permiten, aumentarán drásticamente los precios para los arizonenses en todos los rincones de nuestro estado”, sentenció el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, en una conferencia de prensa el miércoles.
Trump ha defendido públicamente los aranceles como una medida necesaria para proteger la industria nacional, aunque los estados demandantes advierten que podrían tener un efecto inflacionario y dañar a consumidores y pequeñas empresas.
Aunque el presidente ha emitido una suspensión temporal de 90 días para varios de los aranceles, ciertos productos importados de China aún están sujetos a aranceles que exceden el 145 por ciento.
La imposición de aranceles por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), vigente desde la década de 1970, es un hecho sin precedentes que abre la vía a disputas legales sobre el alcance del poder ejecutivo presidencial en EE.UU, y lo convierte en el primer presidente en imponer aranceles bajo esa Ley.
Algunos expertos legales sugieren que un juez podría declarar ilegal el uso de la ley de emergencia por parte de Trump, lo que anularía el intento de la Casa Blanca de imponer a los socios comerciales aranceles sin precedentes en un siglo.
