Por primera vez en 30 años, Estados Unidos decidió no certificar a Colombia como país cooperador en la lucha contra el narcotráfico, una medida que amenaza con repercusiones económicas, políticas y diplomáticas de gran alcance.
Aunque EE.UU otorgó una exención parcial para mantener ciertos programas de asistencia, la decisión marca un quiebre en la relación histórica entre ambos países.
La certificación, gestionada por el Departamento de Estado, evalúa el compromiso de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y en la cooperación antidrogas.
Ser certificado garantiza el acceso a ayuda militar y económica de Washington, así como el respaldo en organismos internacionales.
La descertificación por parte de EE.UU. por el contrario, abre la puerta a suspensiones de ayuda, trabas en créditos del FMI y el Banco Mundial, y restricciones comerciales y militares.
El único precedente se remonta a 1997, cuando la administración de Bill Clinton tomó la misma medida contra el gobierno de Ernesto Samper, aunque entonces se mantuvo un waiver que permitió seguir apoyando a las fuerzas de seguridad.
En esta ocasión, la tensión personal entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro ha influido en la decisión. Ambos mandatarios han intercambiado acusaciones en redes sociales y en foros internacionales. Petro, cercano a Caracas y China, se ha posicionado como un crítico abierto de la política exterior de Washington.
Petro responde a EE.UU.
El presidente colombiano reaccionó con dureza: “Lo que hay que descertificar es al Gobierno de EE.UU. Ellos nos descertifican después de decenas de muertos, de policías, de soldados y de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína”, dijo durante un consejo de ministros.
El mandatario insistió en que esta decisión pondrá fin a la dependencia del Ejército colombiano respecto al armamento estadounidense: “Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque, si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.
Petro también denunció el doble rasero de Washington: “¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína? Nos echan la culpa a nosotros y ponemos nosotros los muertos”. Según él, la llamada “guerra contra las drogas” ha dejado “un millón de latinoamericanos asesinados” desde su inicio bajo la presidencia de Richard Nixon.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, había advertido días antes que esta medida podía favorecer a las mafias: “Lo han puesto como si eso fuera un peligro para nosotros. Si no hay certificación es mucho peor para EE.UU.: su principal aliado en la lucha contra el narcotráfico es Colombia”.
Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína. En 2024 incautó 960 toneladas, un récord histórico, aunque el área cultivada con coca aumentó 10 % en el último año, llegando a 253.000 hectáreas. El Gobierno de Petro se ha fijado la meta de reducir los cultivos en 40 % y reemplazar 50.000 familias cocaleras hacia 2026.
La descertificación no solo supone un golpe económico, sino también un desafío diplomático. El escenario ahora se abre a un reacomodo en la política antidrogas de Colombia y a un mayor distanciamiento con Washington, en un momento en que la región vive una creciente confrontación entre la Casa Blanca y varios gobiernos latinoamericanos.
