El gobierno de Mali, anunció el 26 de agosto una medida para combatir la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos, luego de suspender de inmediato los salarios de 36.151 supuestos funcionarios que no estaban inscritos en el censo biométrico establecido por el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos.
Según, el informe presentado por el presidente de la transición, General del Ejército Assimi Goita, el censo identificó a 158.317 funcionarios públicos, de los cuales 122.166 estaban debidamente registrados en el sistema biométrico, el restante unos 36.000 funcionarios son ficticios, los cuales generaban un gasto al estado anualmente de 48.280 millones de francos CFA.
Además, el ministro de Economía y Finanzas de la Transición, Alousséni Sanou, señaló que la suspensión entrará en vigor a partir de mes de septiembre del presente año. Al mismo tiempo destacó que los casos de duplicados detectados entre los funcionarios públicos inscritos estarán sujeto a las mismas medidas, hasta que se esclarezca su estatus administrativo.
El ministro de Economía y Finanzas de la Transición, dijo que «Se trata de una suspensión temporal que otorga a los funcionarios afectados un plazo de tres meses para regularizar su situación”, también informó que al transcurrir este plazo y no se ha regularizado sus estatus la suspensión se convertirá, en definitiva.
Esta decisión del gobierno de la Transición, ha sido calificada de saludable por muchos observadores internacionales, ya que marca un paso importante en la voluntad de las autoridades de mejorar la gestión pública y sanear las finanzas estatales de la corrupción.
