Gobierno federal de Estados Unidos atraviesa un cierre parcial tras el fracaso del Congreso en aprobar las asignaciones presupuestarias para el nuevo año fiscal.
Como consecuencia, cerca de 900.000 empleados federales han sido suspendidos (“furlough”) y otros cientos de miles continúan trabajando sin salario, mientras que las familias de militares miran con creciente preocupación la posibilidad de perder el próximo pago salarial.
Hasta ahora, los miembros del servicio activo han continuado cumpliendo sus obligaciones, pero el 15 de octubre —fecha convencional de pago quincenal— se perfila como un momento decisivo. El presidente Donald Trump ha ordenado que el Departamento de Defensa utilice “todos los fondos disponibles” para garantizar los salarios de las tropas, incluso durante el cierre. Sin embargo, la medida no se aplica automáticamente a otros empleados federales.
Ansiedad familiar de militares ante una fecha clave
Para muchas familias militares, la mera incertidumbre sobre el pago del 15 de octubre ha generado angustia. Naomi Pyle, esposa de un miembro de la Marina, relató que su hogar en San Diego ya dependía de un solo ingreso; si el salario no llega, “no podremos cubrir todas nuestras obligaciones”.
Otro caso es el de Daniela Hines, miembro de la organización Blue Star Families, quien alertó que un tercio de las familias militares tienen menos de 3.000 USD en ahorros, lo que las hace extremadamente vulnerables frente a lapsos en los pagos.
Debido a esta presión, bancos militares y entidades de apoyo han comenzado a ofrecer préstamos sin intereses para miembros del servicio. También, algunas agencias locales prevén la ampliación de despensas para atender la demanda emergente.
Cómo se financiarán los pagos
Para cumplir con la promesa de mantener los salarios, el Pentágono ha identificado aproximadamente 8.000 millones de dólares de fondos no comprometidos en rubros de investigación y desarrollo del año fiscal anterior, los cuales serían redirigidos para emitir los pagos de mitad de mes.
Esta solución ad hoc podría evitar interrupciones inmediatas, pero no garantiza continuidad si el impasse presupuestario persiste.
Además, no está claro si todas las ramas y sectores —por ejemplo, la Guardia Costera (bajo el Departamento de Seguridad Nacional)— podrán ser atendidos plenamente bajo esta maniobra.
El cierre del Gobierno se originó en discrepancias partidistas relativas al financiamiento de programas de salud, recortes presupuestarios y rescisión de ayudas del subsidio médico.
El Senado ha rechazado múltiples propuestas para reabrir la administración, manteniendo la parálisis política en aumento.
Mientras tanto, las familias de militares, ya sometidas a los rigores de la vida del servicio, enfrentan una presión financiera inusual en tiempos de estabilidad.
El Government Employee Fair Treatment Act de 2019 estableció que los empleados federales afectados por cierres reciben salario retroactivo cuando el Gobierno reabre. Pero ese derecho puede no significar alivio inmediato para quienes necesiten ingresos urgentes hoy.
Aunque el Gobierno ya ha ordenado medidas para preservar los pagos a las tropas, las familias militares viven en un limbo: cumpliendo con misiones sin certeza de remuneración. El 15 de octubre será una fecha definitoria: si el cierre persiste, la tensión económica y social que recae sobre ellos podría acelerar decisiones políticas y presiones hacia el Congreso para resolver la crisis.
