“La seguridad es muy importante y tuvimos cerca de 250 solicitudes de los Toshaos, líderes y otros ancianos del pueblo o personas recomendadas de los pueblos para la licencia de escopetas, de armas de fuego sobre todo para la protección de los pueblos y esta es una cuestión que se plantea. Me complace decirles hoy que cada una de esas solicitudes fue procesada y que recibirán esas licencias para llevarlas a sus aldeas para entrenarse,” afirmó el presidente en la apertura del encuentro.
Las villas Toshao se ubican en la región administrativa número 9, que forma parte de las conocidas como Hinterlands o tierras del interior y que junto a la región número 1, 7 y 8, están comprendidas en el territorio en reclamación por Venezuela, reconocido como Guayana Esequiba por la República Bolivariana.
Armas sin tierra, ¿para defender qué, de quién?
Uno de los grandes reclamos del pueblo Toshao y otros pueblos nativos, pertenecientes a la Asociación de Pueblos Amerindios, es la titulación de tierras y cómo la minería se expande a sus territorios ancestrales. Los pueblos indígenas se ven muchas veces expuestos a la invasión, el desalojo y el bloqueo de sus recursos al no tener herramientas legales para enfrentar a compañías mineras o mineros artesanales.
En 2020, la administración Ali prometió solventar este problema heredado de otros mandatos. Según el Ministerio de Asuntos Amerindios, en cinco años se han otorgado solamente 21 títulos y se condujeron 7 estudios de demarcaciones de territorios indígenas. En el otro extremo, solo en 2025 se otorgaron 350 concesiones mineras. Los indígenas guyaneses siguen sin disfrutar la propiedad de su tierra.
Estas comunidades residen principalmente en las zonas rurales del interior del país y aproximadamente el 81% de los indígenas viven fuera de la Región 4, el distrito administrativo más urbanizado de Guyana, que incluye la capital, Georgetown. Viven principalmente en las Regiones 1 (Barima-Waini), 7 (Cuyuni-Mazaruni, 8 (Potaro-Siparuni) y 9 (UpperTakutu- UpperEssequibo). Según datos de la Comisión de Geología y Minas de Guyana, las zonas 1, 7 y 8 son las principales regiones de explotación y concesión mineras recientes en el país.
Esta concesión de licencias de armas de fuego, se produce en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Guyana, dada la proximidad de las elecciones del 25 mayo, con carácter regional y legislativo. El pasado 16 de mayo, el gobierno de Guyana y las Fuerzas de Defensa de Guyana reportaron tres supuestos ataques en la región número 7, desde el lado venezolano del río Cuyuní, luego de que se enviaran tropas sin motivo aparente. Según el gobierno, sus efectivos militares “pasaban tiempo” con las comunidades nativas del lugar. Hasta este momento, no se ha ofrecido evidencia ni reporte oficial de estos alegados ataques.
Esta entrega de licencias de armas “coincide” entonces con esta escalada.
Venezuela, por su parte, afirma que estos alegatos son parte de una operación de falsa bandera. “Todos los registros, informes e indicios recabados por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana demuestran con claridad que tal información no es más que parte de una nueva operación de falsa bandera, orquestada para victimizar al gobierno de Guyana y fabricar tensiones artificiales en la línea de facto,” indica el comunicado del gobierno bolivariano.
Hinterlands: Lejos del mar, cerca de nada
A pesar de promesas del gobierno, las comunidades de las Hinterlands aun viven en desprotección material y legal. De acuerdo a la Agencia de Energía de Guyana, aunque la nación cuenta con 12 redes eléctricas, existen “aproximadamente 218 comunidades del interior con una población total de 98.500 personas que no están conectadas a ninguna red eléctrica.” Entre las causas, según la agencia, está el difícil acceso a estas comunidades rurales apartadas. En contraste, en las zonas costeras más densamente pobladas, la cobertura eléctrica es del 90%.
En el propio censo de población de 2012 se define que el building stock o fondo de edificios (de todo tipo) de Guyana, muestra disparidades notorias entre las zonas urbanizadas de la costa y las más apartadas de las regiones del interior en tanto cantidad de edificios como su crecimiento. Por ejemplo, de 2002 a 2012 la zona costera pasó de 172, 307 edificios a 199,707. Las zonas del interior, sin embargo, en la misma década pasaron de 15, 389 a 19, 802 edificios.
Incluso en desventaja ante el crecimiento costero y urbano, estas cifras pudieran parecer promisorias. Sin embargo, el propio estudio admite que a efectos de la compilación de datos y que “las tasas de crecimiento excepcionalmente elevadas de edificios observadas en las dos (2) regiones del interior, que podrían deberse a cambios en la metodología del censo en 2012, deben interpretarse con cautela” dado que “ el «cuestionario institucional» se administró a las personas que vivían en campamentos madereros y mineros y numerados bajo la población institucional en 2002 (…) En consecuencia, las viviendas temporales de los campamentos se registraron como edificios (…) probablemente las existencias de edificios registradas pueden haber incluido un número significativo de las estructuras provisionales de los campamentos mineros y madereros, con lo que aumenta enormemente el número de edificios en esas regiones.” En conclusión, la cifra real de infraestructura es significativamente menor que la registrada.
En esta misma situación se encuentra la cobertura social y de salud. En el caso de las instituciones académicas, en 2021 el gobierno admitió la falta de estas instituciones en las regiones del interior. Según el ministerio de Educación “entre las Regiones Primera, Séptima, Octava y Novena hay 239 escuelas que atienden a 32.603 alumnos, pero la mayoría son de primaria y sólo 13 de secundaria: tres en la Región Primera, tres en la Región Séptima, tres en la Región Octava y cuatro en la Región Novena. Aunque las 13 escuelas secundarias atienden a 7.884 alumnos, actualmente hay 20.638 alumnos en las 161 escuelas primarias.” La desproporción habla entonces de gran deserción escolar y de la incapacidad de las escuelas secundarias de recibir todo el alumnado que termina sus estudios primarios.
El presidente Ali, en su discurso ante la conferencia anual del consejo Toshao, continúa prometiendo escuelas y políticas en caso de reelegirse. Todo esto, mientras todavía pesa sobre su gestión la falta de respuestas ante la tragedia de Mahdia, en mayo de 2023, en la que perecieron veinte niños de El Paso, Chenapou, Micobie y Karisparu (Región 8).
