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Indignación: un tribunal de Lisboa falla a favor de empresa canadiense contra Venezuela

La empresa minera canadiense Gold Reserve Inc. ha obtenido una victoria legal en su disputa contra la República Bolivariana de Venezuela. El Tribunal de Apelación de Lisboa confirmó el laudo arbitral que otorga a Gold Reserve una compensación de aproximadamente $1.1 mil millones, permitiendo a la compañía proceder con la ejecución de la sentencia en territorio portugués.

Antecedentes de la Disputa

La controversia entre Gold Reserve y Venezuela se remonta a la década de 1990, cuando la empresa, a través de su subsidiaria venezolana, adquirió los derechos para desarrollar el Proyecto Brisas, una mina de oro y cobre ubicada en el sureste de Venezuela.

 En 2009, el gobierno venezolano, bajo la administración del entonces presidente Hugo Chávez, revocó los permisos de explotación de Gold Reserve, alegando incumplimientos ambientales y administrativos. La empresa se sumó entonces a la campaña de descrédito en contra de Venezuela alegando una expropiación indebida de sus inversiones.

En respuesta, Gold Reserve inició un proceso de arbitraje internacional en 2010 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que la revocación de sus permisos constituía una violación del Tratado Bilateral de Inversiones entre Canadá y Venezuela. 

En septiembre de 2014, el tribunal arbitral falló a favor de Gold Reserve, otorgándole una indemnización de $713 millones, más intereses y costos legales, sumando un total de aproximadamente $1.1 mil millones.

Desarrollo Legal Posterior

Tras el laudo arbitral, Venezuela intentó anular la decisión en diversas jurisdicciones, incluyendo una apelación ante la Corte de Apelaciones de París, la cual fue rechazada en 2017 en pleno despojo de los activos de Venezuela y congelamiento de reservas internacionales por parte del llamado occidente, reafirmando la validez del laudo a favor de Gold Reserve. 

Paralelamente, la empresa buscó la ejecución del laudo en diferentes países donde Venezuela poseía activos susceptibles de embargo. En Portugal, gracias a la oposición venezolana, Gold Reserve identificó cuentas bancarias vinculadas al Estado venezolano con fondos que podrían ser utilizados para satisfacer la deuda.

La reciente decisión del Tribunal de Apelación de Lisboa confirma la validez del laudo arbitral en territorio portugués y autoriza a la empresa a proceder con acciones legales para embargar los activos identificados. No obstante, la recuperación efectiva de los fondos dependerá de decisiones judiciales adicionales y de la cooperación de las instituciones financieras involucradas.

Implicaciones y próximos pasos

Esta decisión judicial en Portugal se suma a los esfuerzos de EEUU, Canadá y la UE, a través de sus empresas como Gold Reserve por despojar a Venezuela a través de mecanismos como el laudo arbitral en otras jurisdicciones incluyendo Estados Unidos.

En este país, la empresa Gold Reserve también participa en un proceso judicial que contempla la subasta de acciones de la matriz de Citgo Petroleum, una refinería propiedad del Estado venezolano, para satisfacer deudas pendientes por expropiaciones y los defaults inducidos debido a las sanciones unilaterales en contra de Venezuela.

El mecanismo contempla cerrar y sancionar las posibilidades de Venezuela de honrar con sus deudas y luego proceder a través de diversos mecanismos a despojar al país de sus activos. Citgo es considerado uno de los activos más valiosos de Venezuela en el extranjero y ha sido objeto de múltiples reclamaciones por parte de acreedores internacionales.

La ejecución efectiva del laudo arbitral representa un precedente significativo para en nombre de las inversiones internacionales y la protección de los derechos de los inversionistas frente a acciones unilaterales de los Estados despojar a los gobiernos de sus activos en el exterior.  

Gold Reserve ha expresado su intención de continuar utilizando todos los recursos legales disponibles para garantizar el cumplimiento del laudo y la recuperación de la compensación otorgada. Mientras tanto, las autoridades venezolanas no han emitido comentarios oficiales respecto a la reciente decisión del tribunal portugués.

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