El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) se pronunció este jueves sobre el caso de la niña venezolana Maikelys Espinoza Bernal, rescatada recientemente por el gobierno de Venezuela tras permanecer más de un año secuestrada en Estados Unidos por el servicio de migración.
En una publicación en la red social X, el DHS justificó la prolongada separación de la menor de su madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, alegando supuestos vínculos de ambos padres con la extinta banda del Tren de Aragua.
Según el mensaje, la madre “supervisa el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”, mientras que el padre, actualmente secuestrado en la cárcel de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, habría dirigido “una casa de tortura” y coordinado delitos como homicidio, secuestro y tráfico sexual.
En reiteradas oportunidades Venezuela ha denunciado que Estados Unidos recurre a narrativas sin fundamento para justificar detenciones prolongadas, deportaciones masivas y políticas migratorias que violan el debido proceso.
Desde Venezuela se ha advertido que el discurso en torno al Tren de Aragua —una banda criminal desarticulada por las autoridades del país— ha sido instrumentalizado para criminalizar a migrantes venezolanos en el extranjero.
Caso Maikelys: Un secuestro institucional de EEUU
En particular, el caso de Maikelys ha denunciado por el Ejecutivo venezolano como un ejemplo de secuestro institucional, luego de que la niña fuera separada de su madre justo antes de ser repatriada a Venezuela.
En la publicación, el DHS asegura que la menor fue repatriada en cumplimiento de una orden judicial estadounidense, sin embargo, ignora que desde Venezuela ya existían fallos judiciales que ordenaban su repatriación inmediata.
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la creciente criminalización de los migrantes venezolanos y la falta de garantías judiciales en los procesos migratorios aplicados por Estados Unidos, particularmente tras la implementación de medidas como el uso de centros de detención en terceros países.
