La administración del presidente Donald Trump ha implementado una serie de medidas que ponen a Venezuela y a toda América Latina al borde de un conflicto armado.
El 25 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una controvertida designación que califica al supuesto “Cartel de los Soles” —acusado de operar desde el gobierno venezolano y de apoyar a grupos terroristas internacionales— como organización terrorista extranjera, equiparándolo al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta agrupación, inexistente en Venezuela, nunca ha sido confirmada por instancias independientes como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ni por la propia DEA, lo que pone en duda la veracidad de esta acusación que criminaliza a un gobierno soberano sin pruebas contundentes.
La tensión se incrementó aún más el 7 de agosto, cuando el Departamento de Estado anunció una recompensa inédita de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, una cifra sin precedentes en la historia contemporánea; suman también 25 millones para Diosdado Cabello y 15 millones para Vladimir Padrino López, ministros de Venezuela. Esta táctica descarada de hostigamiento personal carece de lógica y sentido democrático en el marco del derecho internacional.
La situación escaló a un nivel militar el 8 de agosto, cuando el NY Times reveló la firma de una orden ejecutiva por parte de Trump que autoriza al Pentágono a usar la fuerza militar contra los llamados “cárteles de droga” en Latinoamérica, legitimando cualquier acción —incluida una posible invasión— contra Venezuela y otros países de la región. Esta licencia militar coincide con el enérgico rechazo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la presencia de tropas estadounidenses en su territorio, reflejando un clima de rechazo regional.
El 18 de agosto Reuters revela una noticia, sobre la que aún no hay sido comprobada su veracidad: 3 destructores estadounidenses se desplazan hacia Venezuela, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson; se habla de un despliegue de 4.000 marines en la región. Una demostración de fuerza inusual que apunta a la escalada bélica en el Caribe.
América Latina y el Caribe, consideradas hasta ahora la última zona de paz global, enfrentan una amenaza creciente a su estabilidad y soberanía que se suma a otros conflictos internacionales. La indiferencia e inacción de la izquierda internacional frente a este escenario crítico podría facilitar el avance de una intervención militar imperialista basada en falsedades.
